Columna originalmente publicada en El Vocero (22 de agosto de 2026)

Hay temas que aparecen en los debates públicos como números, partidas presupuestarias o procesos administrativos. Pero tenemos que entender que detrás de cada número hay una persona, una familia, un adulto mayor o un joven buscando una oportunidad. Igual, una comunidad tratando de levantarse.

Eso es lo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de los recursos destinados a combatir la pobreza en el País.
Durante años he tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo comunitario y, desde mi responsabilidad como director ejecutivo del Instituto Socioeconómico Comunitario (INSEC), he podido comprobar algo que para mí ya no es una teoría: cuando los recursos llegan a tiempo y se utilizan correctamente, cambian vidas.

En los últimos cinco años fiscales, INSEC ha invertido aproximadamente $46.4 millones provenientes del Programa Community Services Block Grant (CSBG) y de asignaciones suplementarias de fondos federales para atender situaciones extraordinarias. Con esos recursos hemos podido impactar a 67,317 personas pertenecientes a 31,184 familias de bajos ingresos en Puerto Rico.

Pero no podemos quedarnos en cifras y estadísticas. Tenemos que hablar del participante que consigue un empleo porque tuvo acceso al programa de capacitación laboral. Del pequeño comerciante que recibe apoyo para comenzar o fortalecer su negocio. Del adulto mayor que puede permanecer en su hogar con dignidad. De la familia que logra estabilizarse antes de perder su vivienda. De una comunidad que descubre que tiene la capacidad para organizarse y encontrar soluciones.
Ese es el verdadero significado de la inversión contra la pobreza.

Por eso debemos tener una conversación seria sobre el futuro del Programa CSBG en Puerto Rico. Toda propuesta dirigida a aumentar la distribución y administración de estos recursos tiene que ser bienvenida porque aumenta nuestra capacidad de servir a quienes más lo necesitan. No obstante, mejorar no puede significar debilitar la estructura actual que durante décadas ha permitido que estos servicios lleguen a las comunidades más vulnerables.

Nosotros las Agencias de Acción Comunitaria contamos con el personal especializado, experiencia y conocimiento de las necesidades más apremiantes. Es por esto, que reducir la capacidad operacional no es simplemente reducir un gasto administrativo. Su efecto inmediato es menos servicios, pérdida de empleos especializados y, sobre todo, menos oportunidades para las personas más vulnerables que más necesitan apoyo.

Además, hay que exigir lo más básico: que los fondos aprobados estén disponibles cuando se necesitan. La pobreza no se detiene porque un proceso administrativo se retrase. La necesidad de una familia no espera por una firma, una autorización o un trámite.

Estoy convencido que la fiscalización, transparencia y agilidad no son conceptos opuestos. Todo lo contrario: son compatibles y caminan juntos de la mano.

La discusión que tenemos ante nosotros no debe concentrarse en cuánto dinero se distribuye, ni quién administra los recursos. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿estamos aumentando y fortaleciendo o reduciendo y debilitando nuestra capacidad para combatir la pobreza en Puerto Rico?

Como País, tenemos que decidir qué prioridad le damos a quienes todavía esperan una oportunidad para echar pa’ lante.
Proteger, fortalecer y agilizar el Programa de CSBG en Puerto Rico es defender las oportunidades para los más desaventajados. Por tal motivo, cuando hablamos de combatir la pobreza y defender las oportunidades de los más que necesitan, no puede ser un asunto secundario, tiene que ser nuestra prioridad de País.

¡Nos toca a todos!